Publicado el 04/06/2025 por Administrador
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La familia de Ramón Morales Reyes, un inmigrante mexicano indocumentado residente en Milwaukee, ha solicitado al gobierno de Estados Unidos una disculpa pública y la rectificación inmediata de las acusaciones que lo vinculan con una supuesta amenaza contra el expresidente Donald Trump. El caso ha generado indignación entre activistas y defensores de derechos humanos, luego de que se comprobara que Morales Reyes fue incriminado injustamente.
Todo comenzó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, compartió públicamente la imagen de Morales Reyes junto con una carta supuestamente escrita por él, en la que se amenazaba con disparar al exmandatario. La publicación provocó una ola de ataques en redes sociales y amenazas personales contra la familia del acusado, intensificando el clima de persecución hacia migrantes indocumentados.
Sin embargo, una investigación posterior reveló que la carta no fue escrita por Morales Reyes. Peritajes caligráficos y análisis de llamadas telefónicas desde un centro de detención apuntaron a que el verdadero autor fue un individuo con antecedentes penales, actualmente en prisión, quien buscaba impedir que Morales testificara en su contra en un juicio por agresión.
Además, la defensa de Morales ha subrayado que él no sabe leer ni escribir en inglés, y con dificultad firma su nombre en español, lo que hace implausible que haya redactado una amenaza tan elaborada. Su hija reiteró que su padre es analfabeto funcional, lo cual refuerza aún más la hipótesis de una incriminación maliciosa.
A pesar de estas pruebas, el Departamento de Seguridad Nacional no ha rectificado ni ha eliminado las publicaciones que lo acusan, manteniendo intacto el daño a la imagen de Morales Reyes y exponiendo a su familia a riesgos personales.
Ramón Morales, de 54 años, trabaja como lavaplatos en un restaurante local y es padre de tres hijos. Actualmente solicitó una visa tipo U, destinada a víctimas de delitos que colaboran con la justicia, pero su arresto ha puesto en peligro ese proceso. De ser deportado, no podrá testificar contra el agresor, lo que podría frustrar el caso penal en su contra.
La organización Voces de la Frontera, junto con otros grupos de derechos civiles, ha exigido una disculpa formal del gobierno y que se limpie públicamente el nombre de Morales Reyes. Advierten que situaciones como esta desalientan a otras víctimas a denunciar por miedo a represalias o a ser detenidas por su estatus migratorio.
El caso ha puesto en evidencia las consecuencias de las políticas migratorias aplicadas durante el mandato de Trump, caracterizadas por detenciones y deportaciones sumarias. Expertos legales alertan sobre el uso político de acusaciones infundadas como herramientas para fortalecer discursos antiinmigrantes.
La audiencia de fianza de Morales está prevista para el 4 de junio en Chicago. Sus abogados esperan lograr su liberación mientras continúa el proceso legal que podría determinar su permanencia en el país y su participación como testigo clave en el juicio por agresión.
Entre tanto, la familia sigue exigiendo justicia, una retractación oficial por parte del Departamento de Seguridad Nacional y garantías de seguridad. “No pedimos favores, solo verdad y respeto por nuestra dignidad”, expresó su hija durante una rueda de prensa.
