Publicado el 03/07/2025 por Administrador
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La Fiscalía peruana ha intensificado su ofensiva legal contra Keiko Fujimori, solicitando una pena de 35 años de prisión por su presunta participación en una red criminal que habría lavado millones de dólares para financiar ilegalmente sus campañas presidenciales. La solicitud, presentada formalmente esta semana por el fiscal José Domingo Pérez, marca un nuevo capítulo en el denominado “Caso Cócteles”, que persigue al fujimorismo desde hace más de una década.
El aumento de la pena —originalmente fijada en 30 años— responde a una nueva formulación de cargos más detallada y reforzada. El Ministerio Público acusa a Fujimori de liderar una organización criminal enquistada en el partido Fuerza Popular, con el objetivo de captar y ocultar fondos ilícitos, especialmente de la constructora brasileña Odebrecht.
Entre las acusaciones más graves se encuentra el delito de lavado de activos agravado, debido a la presunta recepción de aproximadamente 1,2 millones de dólares no declarados durante sus campañas de 2011 y 2016. Estos montos habrían sido canalizados mediante falsos aportantes, cócteles benéficos y eventos disfrazados de recaudación legal.
Adicionalmente, la Fiscalía la responsabiliza de organización criminal, falsedad genérica y declaración falsa en procedimiento administrativo, al haber manipulado documentos oficiales para justificar ingresos inexistentes o ilegales ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El caso se encuentra actualmente en su etapa intermedia, en la que un juez evaluará si existen méritos suficientes para iniciar un nuevo juicio oral. Cabe recordar que el proceso anterior fue anulado en enero de este año por vicios procesales, lo que obligó a presentar una nueva acusación más robusta.
Keiko Fujimori, por su parte, niega categóricamente los cargos y denuncia una persecución política. En un mensaje reciente, calificó el nuevo pedido como un intento de destruir su imagen y de obstaculizar cualquier posibilidad de una futura candidatura presidencial.
En paralelo, el Ministerio Público también ha pedido penas significativas contra otros exdirigentes y colaboradores cercanos a Fujimori, todos vinculados a la presunta red criminal que habría operado al interior de Fuerza Popular. La Fiscalía sostiene que esta estructura tenía roles definidos, desde captadores de fondos hasta operadores financieros y responsables de encubrir la procedencia ilícita del dinero.
Esta nueva arremetida judicial se produce en un contexto político tenso en Perú, con una clase política desacreditada y una ciudadanía hastiada de escándalos de corrupción. El caso Fujimori se ha convertido en un emblema de la impunidad que marcó la política peruana durante décadas, y ahora enfrenta su posible desenlace judicial.
De ser hallada culpable, Fujimori enfrentaría la pena más severa solicitada hasta ahora contra un líder político en la historia reciente del país. Mientras tanto, el país espera con atención la decisión del Poder Judicial sobre si la acusación pasará a la siguiente fase o será nuevamente objeto de impugnaciones.
